La charla de orientación fue dictada para garantizar el acceso gratuito de la justicia a cada uno de los imputados
Puerto La Cruz. La Defensa Pública con apoyo I.A.M.P.S (Instituto Municipal Policía de Sotillo) asesoraron a un grupo de 16 penados que se encuentran recluidos en la Coordinación Policial de Chuparín, en Puerto La Cruz, en busca de un beneficio judicial.
Así lo dio a conocer, el comisario Argenis Rodríguez, subdirector de Polisotillo, que señaló que “a pesar de que recae una sentencia definitiva sobre estos hombre o mujeres, tienen el derecho a ser asistidos en materia jurídica y que ellos conozcan cuáles son sus derechos y deberes”, expresó.
Rodríguez, declaró que esta es la primera visita que realiza la Defensa Pública en Polisotillo, en lo que va de año. “Queremos trabajar de manera mancomunada con las instituciones públicas integradas en el sistema judicial venezolano, con el objetivo de garantizar el derecho de los privados de libertad que se encuentran internados en la Coordinación Policial, al igual que ir descongestionado nuestros calabozos a través de éstas y otras actuaciones” ,manifestó.
La charla de orientación estuvo a cargo de una de las representantes de la Defensoría en Instancias de Ejecución, Mercedes González D´ Lima, quien explicó que estas acciones son realizadas en los centros de reclusión para garantizar el acceso gratuito de la justicia a cada uno de los imputados.
La obligación que tiene cada uno de estos defensores, es del cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentran cumpliendo una pena, según con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que determina :
“El Estado garantizará un sistema penitenciario asegurando la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello. Los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.