El Juzgado de Control N° 5 deAnzoátegui ordenó el arresto de los reclusos que estaban en una celda del Cicpc de Barcelona, donde fue ultimado el supervisor de seguridad
Barcelona.- El asesinato del supervisor de seguridad de la empresa Diprovena , Marco Antonio Carranza, de 30 años, ocurrido la madrugada del pasado lunes, en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Barcelona, hizo que se abriera una investigación.
El mismo día del crimen se apersonó la fiscal X con competencia en materia penitenciaria en el estado Anzoátegui, Nancy Monsalve.
La representante de la vindicta pública y los detectives ignoran quiénes le segaron la vida a Carranza, que recibió más de 150 lesiones punzantes, pues entre los presos impera “la ley del silencio”.
Tampoco han recobrado el punzón o clavos que usaron para ultimar al supervisor de seguiridad, sobre quien pesaba una orden de arresto por homicidio, emitida el 26/12/2013 por el Tribunal N° 1.
Se supo que para que lo mataran se regó la información falsa de que Carranza había cometido un abuso sexual.
El expediente fue enviado al tribunal de Control N° 5, a cargo de Idanis Almeida, quien dictó privativa de libertad contra los 46 reclusos, por el delito de homicidio en grado de complicidad correlativa.
La decisión la respetan, pero no la comparten, los parientes de los reclusos, quienes supuestamente fueron golpeados por los policías.
El ama de casa Martha González, de 34 años, refirió que un hermano suyo, cuyo nombre no suministró, está preso porque compró un celular sin saber que era robado.
“A mi hermano lo arrestaron el pasado jueves 12. Habíamos conseguido los fiadores para que le dieran la libertad bajo presentación”.
El obrero de mantenimiento José Rodríguez (48) teme por la integridad de un hermano que lleva 45 días preso en la policía científica.
”Los detectives no le entregan la comida a los detenidos desde hace tres días. El agua hay que llevarla en bolsas”.
El ama de casa Senovia González (43) y la licenciada Lisbeth Solano (49) tienen un hijo, cada una, presos por robo desde hace dos meses y un mes y medio, respectivamente.
Ellas se quejaron porque les revisan “hasta la flor que tienen oculta” cuando van a visitar a sus parientes durante apenas cinco minutos.
La obrera de mantenimiento Del Valle Lara (47) manifestó que tiene dos hijos detenidos desde hace 43 días, a pesar de que no tuvieron nada que ver con la muerte de un hombre que era cuñado de un funcionario del Cicpc.
Todos temen por la integridad de sus familiares presos. Quieren que los trasladen a la Policía regional o a la cárcel del sector Puente Ayala.
Diligencias
Parece que la aspiración de los familiares de los detenidos se hará realidad, pues el jefe del Cicpc en Anzoátegui, comisario Jhonny Rodríguez, junto con su colega Carlos Mejías, declaró que hacen las coordinaciones pertinentes con el gobernador de la entidad, Aristóbulo Istúriz; la presidenta del Circuito Judicial, Linda Silva y la fiscal superior, Katiuska Bolívar.
“En el Cicpc de Barcelona tenemos 72 reclusos en tres celdas: dos de hombres, incluido el de los sindicados de delitos sexuales, y otro de mujeres. Algunos llevan hasta dos años aquí”.
En cuanto a la denuncia de presunto maltrato contra los presos , Rodríguez aseguró que es falsa. ¿Para qué se va a golpear a una persona que ya está detenida?
Lo que si admitió el jefe policial es que por medidas de seguridad, pasan en bolsas el agua a los reclusos.
“El pasado martes los detenidos no recibieron alimentos en el Cicpc, pues fueron trasladados a los trinunales”.
A Puente Ayala
El comisario Rodríguez apuntó que el martes se entregó en el Cicpc un adolescente de 17 años, acompañado de su padre. “El chico presuntamente guarda relación con el homicidio de la comerciante Iris López (58), registrado el domingo 16 en la calle El Trébol de barrio La Orquídea”.
Refirió que el Juzgado N° 5 también decretó el arresto del otro implicado en ese crimen, William Correa Bolívar (23), apodado “bisagra”. Fue recluido en la cárcel.
Fleteros del caribe
El Juzgado N° 5 decretó la detención de presuntos miembros de una banda supuestamente dedicada al narcotráfico internacional, por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción. Se trata del colombiano Ronald Devía, el peruano Roberto Aragón, los venezolanos Miguel Sequera, Francisco Vásquez, Carlos González y Johnny Rodríguez